Guillermo Aiello: “Las falencias del sistema judicial no se suplen sólo con mayor presupuesto”

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires (organismo que nombra, ratifica o destituye jueces y fiscales del Ministerio Público) es el letrado local Guillermo Aiello, que también actúa como presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Pergamino.

El profesional respondió a la requisitoria de LA OPINION respecto de la seguridad, afirmando que este aspecto, como una de las funciones principales del Estado, “está en crisis hace mucho tiempo”. Graficó la situación como “una cadena cuyo primer eslabón es eminentemente social” por lo que considera que “la única solución para terminar con la inseguridad es a mediano plazo, con una política inclusiva basada en la educación, en el trabajo”.
Si bien cree que en los últimos tiempos esto parece haberse comprendido y se ha avanzado en tal sentido, “solamente puede ser posible sobre la base de una coincidencia total de la sociedad y en especial de su clase política” En términos de Aiello, este sería el segundo eslabón de la problemática y su posible solución. En ese sentido, sugiere que tanto el tema de la inseguridad como la salud, la educación y la justicia merecen que se pueda generar una agenda legislativa y de estrategias que trascienda los límites que imponen los cambios de gobierno. “El tercer eslabón es la implementación de la política de seguridad del Estado. También se requiere un acuerdo a largo plazo para evitar cambios espasmódicos generados por casos de gran repercusión”.
No obstante ello, Aiello considera que “lo más importante es su puesta en práctica, en especial en comunidades como la de nuestra ciudad de Pergamino”.
Un tema para discutir es qué tipo de fuerza de seguridad queremos en cada ciudad de la provincia. “La movilidad constante de personal policial de un partido a otro y la falta de una relación de fuerzas más allá de la buena voluntad con los poderes locales, implica la imposibilidad de implementar una política, sostenible en el tiempo, de seguridad a nivel local. Creo que nos vendría bien contar con una fuerza de seguridad local que coordine desde aquí hacia la provincia y no al revés”.
El cuarto punto en cuestión, según Aiello, es la Justicia. “Allí –dijo- se llega con los hechos consumados. En los últimos años, el presupuesto de la Justicia provincial destinado al área Penal se ha incrementado en forma exponencial, en detrimento de la Justicia Civil y Laboral, por ejemplo. Nos llenamos de nuevos órganos, cuando desde la abogacía no se advierte la necesidad de muchos de ellos”.
-¿Cómo se visualiza este problema desde el Consejo de la Magistratura?
- En el Consejo de la Magistratura de la Provincia, el cual integro desde junio de 2006, vemos que concursa gente cada vez más joven, lo que no implica que no sean capaces ni trabajadores, pero carecen de un requisito básico que no se estudia: la experiencia tanto en la profesión como en la vida. Entonces luego, cuando son designados fiscales, o jueces, deben ordenar medidas a personas de mucha experiencia, de la buena y de la mala también, con quienes les cuesta ganarse un respeto. Cabe señalar que la incorporación constitucional de los representantes de los Colegios de Abogados en la estructura del organismo es un avance muy loable en el sistema de selección, en consonancia con criterios internacionales, puesto que introduce a una institución que por un lado detenta el poder delegado del Estado en el control de la matrícula de los abogados y por otro, es el que con mayor libertad puede proyectar el futuro desempeño del postulante en el cargo al que aspira, sobre la base del conocimiento de su desempeño profesional, visto desde el mismo campo en donde desarrolla su actual actividad, ya dentro de la estructura judicial, ya en el ejercicio libre de la profesión.
-¿Cuál es el punto fuerte del actual Poder Judicial?
- Tengo el convencimiento personal de que el recurso más importante de la Justicia es el humano. Las falencias del sistema judicial no se suplen sólo con mayor presupuesto, ni con mayor cantidad de organismos, también con una previa y necesaria optimización de lo existente sobre la base de la profesionalidad, al apego al trabajo, a la capacitación permanente y a la adaptación a las realidades y los tiempos que demanda la sociedad de la Justicia.
-¿Pero cómo se implementa este mejoramiento judicial?
- Esto sólo puede lograrse partiendo desde una base de estricta lógica en el proceso de selección de aquellos destinados a ser los titulares de los órganos judiciales. Si dejamos pasar la única oportunidad real que tenemos de intervenir en el proceso de selección, que es la puerta del acceso a la Justicia, si no evaluamos seriamente quiénes son los que consideramos mejor preparados para acceder a la función, si no hacemos un esfuerzo por efectuar una consideración real de los postulantes basada en el conocimiento de sus virtudes personales, académicas, su trato con abogados y justiciables, experiencia en el manejo de personal, en la optimización de los recursos existentes, en su apego al trabajo; es decir, si no cumplimos con nuestro rol de órgano de consulta en primer término y de actores directos en la decisión del Consejo de la Magistratura, mal podremos luego agraviarnos por el accionar de los magistrados que no cumplen cabalmente con sus funciones.
No es una función menor intervenir en el proceso de selección de quienes luego van a decidir sobre nuestra propiedad, sobre nuestra libertad y sobre nuestras vidas.
-¿Qué sistemas de control existen en la Justicia para con funcionarios y magistrados?
- Es lo que falta justamente: generar verdaderos controles lógicos y objetivos a quienes tienen una estabilidad vitalicia en el cargo. Estamos dispuestos como Colegio a intervenir, hoy lo hacemos en forma natural pero dependemos de la buena voluntad de los jueces, no tenemos herramientas intermedias para corregir rumbos que se ven desde todos lados desviados.
Es un reclamo de la abogacía, el intervenir con derechos establecidos en el control de la gestión de los magistrados, esto es muy resistido por la Corte de la Provincia, pero que es inexorable y creemos muy cercano, porque se están desarrollando día a día sistemas de control ciudadano para todo el Estado.
La Justicia, como uno de sus tres poderes, está muy atrasada en este sentido, con resabios de la organización de hace más de un siglo.
-Volviendo a la seguridad ¿cómo se empieza a desandar este camino de delitos?
- El problema radica en que no se advierte que se pueda tener algún resultado positivo, en la medida en que no se fortalezcan los tres eslabones anteriores, en especial en el diseño de políticas de seguridad y criminales coordinadas, de dotar a la Justicia de otro tipo de recursos en forma directa, para poder dirigir y verificar minuto a minuto el resultado de la investigación que están llevando adelante.
La Policía Judicial, en dependencia directa de los fiscales, es una deuda pendiente de la reforma del procedimiento penal que lleva ya 12 años, lo que produce severas dificultades, ya que al no tener posibilidades de dirigir la investigación en forma directa, con dependencia funcional, se pierden muchas posibilidades de arribar a una hipótesis que permita una acusación apoyada en pruebas que permitan una condena o una absolución basadas en la realidad de los hechos. Y me explico: ya bastante difícil es encontrar a un sospechoso de un delito, como para que por fisuras en la investigación, con errores que afectan la defensa en juicio, por medidas que quedaron truncas por múltiples y diversas razones, el juez no tenga otra alternativa que liberarlo, aun sabiendo todos quienes están allí, que están dejando libre a quien seguramente fue el responsable, que vuelve a la calle y la ciudadanía lo vuelve a sufrir.
Esto es lo que la gente llama “entrar por una puerta y salir por la otra” y a veces nos encontramos en una mesa tratando de explicar lo inexplicable. Por eso, considero que debemos aunar los esfuerzos, sé que la dirigencia de esta ciudad está muy preocupada por esta problemática, desde el intendente, pasando por legisladores, concejales. El Colegio de Abogados está a disposición para apoyar cualquier gestión municipal ante la Provincia, aportando ideas y trabajo, para que se le dé a Pergamino lo que como una de las ciudades más importantes del interior merece y le corresponde.